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Buenos Aires
26 mayo, 2019
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Interes General

Los padres que participaron de la toma de colegios  fueron imputados.

La fiscalía Nº 31 de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio del Fiscal Roberto Santurian,  imputo a los 43 padres de los alumnos que el año pasado intervinieron de la toma de ocho colegios porteños. Según el artículo 57 del nuevo protocolo antitomas,  que rige desde el año 2018, los padres fueron denunciados por la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires por impedir el ingreso o la salida de lugares privados o públicos. Según informaron, está comprobado que en algunos casos los padres colaboraron con la toma de los establecimientos, suministrando alimentos a los chicos durante la ocupación nocturna. Se considera esta actitud como una contravención a la ley, los padres tienen la obligación especial de tutela de sus hijos menores de 18 años, y el hecho de no crear algo que les genere una responsabilidad, encuadra en una contravención, afirmo el funcionario. Los  colegios que fueron tomados entre Junio y Octubre del año pasado,  y por el cual los padres son investigados seria, el Colegio Mariano Moreno, la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken, la Escuela Normal Superior Nº 5 Martin Miguel de Güemes, la Escuela Normal Superior Nº 1 Presidente Roque Sáenz Peña, la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yturria y la Escuela Normal Superior Nº6 Vicente López y Planes.

Los estudiantes reclamaban por la legalización del aborto, la aplicación del programa de educación sexual integral (ESI) en los colegios, en las mayoría de las tomas implicaron la ocupación nocturna.

Se notificaran a los padres para que presten declaración y si son encontrados culpables podrían recibir una multa o ser destinados a realizar tareas comunitarias por un lapso de tiempo, de ser así seria la primera vez que la justicia argentina aplica una sanción en la que se traslada la responsabilidad hacia los adultos mayores a cargo del menor.

Según Ministerio de Educación, la implementación de este nuevo protocolo anti tomas en febrero del año pasado, se hizo no solo para evitar  la ocupación de los establecimientos educativos,  sino también para preservar la integridad de los alumnos menores y el patrimonio edilicio.

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